El país de los desplazamientos forzados. (Las venas abiertas de Colombia /01)

Primer episodio de una "novela colombiana" cuyo título hace referencia a Venas abiertas de América Latina (Eduardo Galeano, 1973).

Ya se han desplazado 7,4 millones de personas, casi el 15% de la población, y el éxodo continúa: más de 40.000 desplazamientos forzados desde principios de año, bajo la amenaza de grupos paramilitares vinculados al narcotráfico, pero no sólo. Los terratenientes, las industrias mineras, los yacimientos de hidrocarburos, las represas sobre el río Cauca son fuentes de codicia para los territorios ocupados por modestos campesinos. El gobierno colombiano deja en el abandono a poblaciones enteras y la comunidad internacional hace la vista gorda ante lo que no deja de ser una gran crisis humanitaria.

Imaginemos.

Imaginemos un país.

Imaginemos un país que es oficialmente una democracia y que tampoco está oficialmente en guerra.

Imaginemos que en ese país el 14% de la población fue "deportada", víctima de un desplazamiento forzado.

Imaginemos que este fenómeno masivo continúa hoy, a la vista de todos.

Imaginemos que, a pesar de la magnitud de la barbarie, las tragedias y las crisis humanitarias que provoca, apenas causa el más mínimo revuelo en la llamada comunidad internacional.

Impensable, estamos de acuerdo.

Rebobinemos la imaginación y enfrentémonos a la realidad. Este país existe, su nombre guarda la memoria del que sigue siendo un símbolo, bajo la apariencia de la exploración, de una larga historia colonial.

Colombia, entonces.

El conflicto armado, que ha enfrentado a la guerrilla de las Farc con el Estado colombiano durante más de cincuenta años, ha provocado la asombrosa cifra de 7,4 millones de desplazados (en 2017) de una población de 51 millones. De estos 7,4 millones de desplazados, el 21,2% son de comunidades afrocolombianas y el 6,2% de comunidades indígenas, según un informe del Observatorio Pharos, una asociación francesa que trabaja sobre el pluralismo cultural y religioso. 7,4 millones de desplazados es más que en Siria, que tenía 6,2 millones de "desplazados internos" a finales de 2019, tras 8 años de guerra. ¿Pero a quién le importa?

Vista general del asentamiento de Paraíso Mirador, en las afueras de Ciudad Bolívar,

Bogotá, 8 de septiembre de 2020.

La mayoría de estos desplazados se han agolpado en las afueras de las principales ciudades, incluida Bogotá. Un reciente artículo de Contagio Radio (“Asentamientos en Bogotá: Historias de desplazamiento, migración, pobreza y abandono estatal”) llama la atención sobre el extremo empobrecimiento de las personas que se han refugiado en la capital colombiana, hacinadas en asentamientos que han surgido en terrenos inestables y a menudo de alto riesgo. También en este caso las cifras son asombrosas: según el Observatorio Distrital de Víctimas y el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, 347.294 víctimas del conflicto armado han encontrado refugio en Bogotá, incluyendo casi 30.000 personas en el enorme distrito de Ciudad Bolívar. Los habitantes de estos barrios marginales han perdido sus medios de subsistencia al huir de sus tierras originales. Vienen entonces a alimentar (por así decirlo) la fábrica de miseria de la que Colombia ofrece un triste panorama: el 42,5% de la población (22 millones de personas) vive por debajo del umbral de la pobreza (frente al 33,7% del conjunto de América Latina), con menos de 80 euros al mes; y el 15% se encuentra en situación de extrema pobreza.

Evacuación de residentes de Puerto Valdivia, mayo de 2018.

El narcotráfico y la guerrilla de las FARC son las explicaciones más citadas para el "desplazamiento forzado" de personas (campesinos, comunidades indígenas, etc.) que se ven obligadas a abandonar sus tierras bajo la amenaza de los grupos armados. Los numerosos asesinatos de "líderes sociales" demuestran que tales amenazas no son virtuales: entre 1958 y 2018, 215.000 civiles fueron asesinados.

Sin embargo, en esta fase hay que hacer tres observaciones importantes. En primer lugar, sin minimizar el papel de la guerrilla, ésta fue responsable del 12% de los asesinatos de civiles, frente al 80% de los grupos paramilitares (según estimaciones de la ONU), la mayoría de las veces por cuenta de multinacionales, empresas privadas y terratenientes. Y estas milicias armadas estaban a menudo confabuladas con ciertos funcionarios del gobierno o gobernadores locales, actuando como auxiliares del ejército (responsable del 8% de los asesinatos).

En segundo lugar, ¿es el narcotráfico la única causa de los desplazamientos forzados que han provocado el despojo de unos 6,5 millones de hectáreas de tierra (el 10% de la superficie agraria total de Colombia), cuando las plantaciones de coca ocupan... 143.000 hectáreas (cifra de 2020)? Además, los campesinos que cultivan coca (y que no son narcotraficantes) no son los primeros responsables de la deforestación, que sigue en marcha: en 2020 se talaron más de 170.000 hectáreas de bosque, un aumento del 8% respecto a 2019.

Por último, el desplazamiento forzado comenzó ya en los años 50, mucho antes de que la producción y exportación de cocaína se disparara en los años 80, con el beneplácito de Álvaro Uribe, que fue elegido pocos años después a la Presidencia de la República colombiana con el apoyo de los cárteles de la droga y los paramilitares vinculados a ellos.

Tendremos la oportunidad de volver con más detalle a ciertos elementos clave de esta larga historia. Por el momento, sólo sugiramos que al culpar a la guerrilla de las FARC de todos los males, los sucesivos gobiernos, de derecha o de ultraderecha, que ha tenido Colombia ininterrumpidamente desde 1948, al servicio de los intereses de unas pocas familias terratenientes y de las multinacionales que saquean alegremente los recursos minerales del país, han creado hábilmente una cortina de humo y han desviado la atención de algunas de las principales causas de estos desplazamientos forzados.

Combatientes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Tortura sistemática y crematorios

Extraditado a Estados Unidos por cargos de tráfico de cocaína tras su detención en mayo de 2008, Salvatore Mancuso fue uno de los principales protagonistas de esta historia en las décadas de 1990 y 2000. Tras ser entrenado por mercenarios israelíes para los paramilitares colombianos, llegó a ser jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo paramilitar responsable de la mayoría de los crímenes cometidos durante el conflicto armado y entonces de los desplazamientos forzados: "la estrategia [de las AUC] no consistía, por lo general, en atacar frontalmente a los grupos guerrilleros -los combates entre guerrilleros y paramilitares eran poco frecuentes y generalmente se producían por iniciativa de los primeros-, sino en sembrar el terror entre la población civil, que era considerada su base logística. (...) Cuando se trataba de aterrorizar a una comunidad campesina o indígena, los individuos eran desmembrados con machetes o motosierras (la segunda opción seguía siendo la más común y constituía una "firma"). (...) Para facilitar la desaparición de sus víctimas, las AUC utilizaron crematorios en algunas partes de Colombia. Los testigos afirman que los paramilitares "mataban a la gente, la enterraban en fosas y la desenterraban seis meses después para quemarla toda al mismo tiempo". A veces cortaban los cuerpos por la mitad, sacaban todo lo que había dentro y, cuando estaban secos, los cortaban en trozos pequeños. Una vez picados, los echaron al horno. Este lugar se llamaba el "matadero". (Fuente: Wikipedia)

En relación con el poderoso cártel mexicano de Sinaloa, las mismas Autodefensas Unidas de Colombia han asumido un papel destacado en las actividades de narcotráfico. Según el Observatorio Geopolítico de la Droga, en 1997 la mayor parte de la cocaína que llegaba a los puertos españoles, belgas y holandeses procedía de las zonas costeras colombianas controladas por las AUC. La otra "gran figura" de las AUC, Carlos Castaño, también entrenado en contrainsurgencia en Israel, confesó antes de su muerte en 2004 que el 70% de los ingresos del grupo paramilitar procedían del narcotráfico. Estados Unidos no podía ignorar esta situación. Citado por Hernando Calvo Ospina en Derrière le rideau de fumée. Histoire du terrorisme d'État (Le Temps des cerises, 2008), William Blum, ex funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, habla de "la complicidad de Washington en la utilización del terrorismo y el narcotráfico para permitir al gobierno colombiano librar la verdadera guerra contra el "comunismo"". Para Hernando Calvo Ospina, "la voraz oligarquía nacional, los Estados Unidos y algunas potencias europeas, deseosas de someter a un pueblo para apoderarse de sus inmensas riquezas naturales, han hecho de la violencia su especialidad." De hecho, muchas empresas y multinacionales han contribuido a la financiación de las milicias paramilitares (por ejemplo, en marzo de 2007, United Fruit fue multada con 18,8 millones de euros por la justicia estadounidense), todo ello con la complicidad de la clase dirigente colombiana.

En 2001, Salvatore Mancuso, responsable de más de 300 asesinatos, incluida la masacre de 34 campesinos en 2004, fue uno de los principales instigadores del pacto de Ralito (cuyo contenido se reveló en 2007), un acuerdo firmado entre las AUC, varios congresistas o ex congresistas, alcaldes y gobernadores, y otros funcionarios, para "refundar el país", sobre la base de un "nuevo contrato social" basado en el "derecho a la propiedad". ¿Acaso Salvatore Mancuso, un "próspero empresario agrícola", no creó su primera milicia con la aprobación de su vecino de tierras, el futuro presidente Álvaro Uribe, entonces gobernador de Antioquia, que había fomentado las "cooperativas de seguridad"?

Salvatore Mancuso, Jefe de Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia

Leer más:

- Salvatore Mancuso, chef massacreur de paysans", Le Temps, 22 de diciembre de 2006. (...) "Nos fuimos con lo justo", dijeron algunos indios que se habían refugiado en el estadio de una pequeña ciudad en mayo de 2001. En su valle del Naya, los paramilitares, motosierra en mano, habían desmembrado a varias decenas de habitantes mientras se daban un festín de vino espumoso. Las milicias de Mancuso marcaron su nombramiento, unas semanas antes, como jefe militar nacional de las AUC. En ese momento tenía el control directo de gran parte del norte de Colombia, donde iban a ser asesinados nada menos que 14.000 sindicalistas, activistas de izquierda y lugareños...)

- Philippe Dufort, "El paramilitarismo y el escándalo de la parapolítica en Colombia", Observatoire des Amériques (octubre de 2007). (...) "Los intereses que unen a ciertos políticos, paramilitares y élites económicas regionales tienen su origen en la lucha contra la guerrilla. Sin embargo, en la década de 1990, esta convergencia se hizo más clara en la formación de una agenda política compartida. Fueron los intereses comunes los que hicieron posible esta alianza. (…) »

44.000 personas desplazadas en los primeros 6 meses de 2021.

Ya en la década de 1980, los grupos paramilitares estaban vinculados al narcotráfico. Las FARC, por su parte, sólo recurrieron a ella a principios de los años noventa, tras la caída del Muro de Berlín, cuando la ayuda de la Unión Soviética y de otros países comunistas se había agotado, según declaró Salvatore Mancuso en su reciente comparecencia ante la Comisión de la Verdad (el 4 de agosto, en vídeo desde la cárcel estadounidense donde está recluido). Con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Farc en 2016, la mayoría de los guerrilleros se desarmaron. Lógicamente, si las FARC fueran tan responsables del narcotráfico, éste debería haber disminuido significativamente. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario. A pesar de la considerable ayuda prestada a Colombia por Estados Unidos, la Unión Europea y Francia para combatir la producción de cocaína, ésta no disminuye, sino todo lo contrario. Según las cifras del Sistema de Vigilancia de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción de cocaína ha vuelto a aumentar en los últimos tres años, pasando de 1.136 toneladas en 2019 a 1.228 toneladas en 2020.

El acuerdo de paz y el desarme de las FARC no han detenido la hemorragia de asesinatos de líderes sociales (todavía 310 en 2020) y los desplazamientos forzados, que incluso van en aumento. Según un reciente informe de la ONU, publicado el 28 de julio, mientras que en todo el año 2020 se registraron 28.509 casos, el balance sólo del primer semestre de 2021 arroja... 44.000 desplazados (leer AQUÍ). Los departamentos de Cauca y Nariño, en el suroeste del país, en la costa del Pacífico, son los más afectados, pero otras regiones también lo están.

Escena del éxodo en Itanguo.

En Itanguo, en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, casi 4.000 personas tuvieron que abandonar la zona en la que vivían desde mediados de julio, bajo la amenaza acuciante de los grupos armados. “El municipio está ubicado en una zona estratégica, que conecta al norte de Antioquia, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el Urabá. Son zonas claves para la movilidad hacia las costas (Atlántica y Pacífica) e históricamente se han registrado disputas entre los grupos armados por las rutas de narcotráfico, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, entre otras actividades”, explica en El Tiempo Andrés Cajiao, experto en dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz.

Este territorio estaba anteriormente dominado por las FARC. Aunque todavía hay algunos grupos guerrilleros disidentes que han rechazado el acuerdo de paz, la salida de las FARC ha dejado sobre todo el campo libre a ciertos grupos paramilitares vinculados al narcotráfico, que están lejos de haberse desarmado: las Autodefensas Guaitanistas de Colombia, afiliadas al despiadado Clan del Golfo, habrían desplegado un millar de hombres en torno a Itanguo para asegurarse el control de la región. Entre el 60 y el 70% del territorio en cuestión está abierto a concesiones mineras o energéticas. Los valles y montañas de esta región cafetera, donde los campesinos viven desde hace décadas, son ricos en minerales preciosos como el oro, la plata y el platino. “Desde hace muchos años hay sectores poderosos económicos que han estado interesados en el desalojo de estas comunidades", apunta Yesid Zapata, de la Coorporación Jurídica Libertad, citado porFrance 24. "Lo que sabemos es que en Ituango hay una nueva amenaza que son los intereses mineros. Hay múltiples multinacionales mineras con títulos en el territorio y podemos prever que se van a repetir las situaciones relacionadas con el despojo de la tierra para estos intereses económicos", denunció la activista ambiental Isabel Zuleta, portavoz del movimiento Ríos Vivos.

El proyecto Hidroitanguo en el río Cauca: un desastre socio-ambiental

Esto ya ha ocurrido, añade, con la puesta en marcha de un faraónico proyecto hidroeléctrico, Hidroituango, en el cañón del río Cauca: "ha habido muchas masacres y desplazamientos en la zona que ahora está inundada”. El proyecto de Hidroituango, que debe satisfacer una quinta parte de la demanda energética de Colombia, es una novela ¡ Está financiado por un consorcio de bancos internacionales, entre ellos el francés BNP-Paribas.

Impacto del proyecto Hidroituango en la región de Ituango.

En un artículo para el sitio de IdeAs, Isabel Zuleta habla de un verdadero "desastre socioambiental" con responsabilidad internacional”. La población local la ha apodado "El Monstruo". La construcción de la megapresa comenzó en 2009 con el desvío del río Cauca (el segundo río más grande de Colombia) para construir un muro de 225 metros de altura, que contendrá unos 2.700 millones de metros cúbicos en un embalse de 79 kilómetros de largo y 560 metros de ancho, inundando 4.550 hectáreas.

Pueblo afectado tras la inundación de Hidroituango en 2018. Fuente: Movimiento Ríos Vivo

La obstrucción del río afecta a más de 26.000 hectáreas, sin contar con las poblaciones asentadas aguas abajo del proyecto que sufren los efectos de la gestión artificial del cauce y la ruptura o alteración de las cadenas biológicas de la cuenca.

El proyecto se llevó a cabo con mucha determinación, a pesar de las conclusiones del estudio de impacto ambiental que señalaba una veintena de puntos negativos importantes (Leer AQUÍ). Se confió un dudoso peritaje a una empresa finlandesa de consultoría e ingeniería, Pörÿ, condenada en 2015 por "prácticas fraudulentas" (en 2019, Pöyry se fusionó con la empresa sueca ÅF para convertirse en AFRY), y se realizaron trabajos sin ninguna certeza sobre la estabilidad del macizo rocoso, rodeado de varias fallas geológicas, ¡algunas de las cuales siguen activas! Peor aún, la construcción de la presa se encargó a un consorcio dominado por la empresa brasileña Camargo Correa, implicada en una amplia red de corrupción y sobornos dentro del aparato estatal brasileño, con ramificaciones en una decena de países. Se sospecha que Camargo Correa ha truncado a sabiendas los análisis y ha ocultado información sobre los riesgos de esta gigantesca infraestructura. Se ha consultado a ingenieros militares estadounidenses y su contraperitaje es escalofriante: según ellos, "la obra corre el máximo riesgo de derrumbe y los materiales utilizados en la construcción de la presa no cumplen las normas internacionales. (…) Podría producirse un desprendimiento de 10 a 40 millones de m3 y provocar la peor avalancha de la historia".

En caso de accidente grave, la presa de Hidroituango pondrá en peligro la vida de unas 130.000 personas cuando esté en funcionamiento...

En mayo-junio de 2018, accidente durante la construcción de la presa de Hidroituango.

Entre el 28 de abril y el 7 de mayo de 2018, tres desprendimientos en la parte alta de la montaña han provocado ya la evacuación de emergencia de más de 6.000 personas de los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia. En total, más de 25.000 personas fueron evacuadas entre el 12 de mayo y el 1 de junio. Como informó entonces Le Parisien: "Un túnel bloqueado, derrumbes, la crecida del río Cauca sobre el que se construye, lluvias torrenciales y riesgos geológicos se suman a las sospechas de prevaricación que pesan sobre la obra más ambiciosa jamás construida en el país.

Incluso a 200 kilómetros de la presa, la gente no se salva: de los 28.000 habitantes de Nechí, en la desembocadura del río del mismo nombre en el río Cauca, casi 900 personas tuvieron que ser evacuadas por el riesgo de la presa, y más de 17.000 personas se vieron afectadas por la subida de las aguas.

Según el último recuento, las primeras turbinas deberían entrar en servicio en junio de 2022, tres años y medio después de lo previsto inicialmente. Y el proyecto habrá costado 18.300 millones de pesos (casi 4 millones de euros), un 30% más de lo previsto. Por otro lado, las indemnizaciones a las víctimas y a los desplazados aún tendrán que esperar…

Protesta contra el proyecto de Hidroituango.

Los opositores al proyecto de Hidroituango, reunidos en el movimiento Ríos Vivos Antioquia, que advierte de los riesgos medioambientales y defiende a las comunidades campesinas, están expuestos a constantes amenazas, ataques y otras intimidaciones. Dos de ellos, Hugo Albeiro George Pérez, de 47 años, y Domar Egidio Zapata George, de 23, fueron asesinados a tiros el 2 de mayo de 2018... mientras participaban en una manifestación contra la presa. Pocos días después, el 8 de mayo, le tocó el turno a otro dirigente de Ríos Vivos, Luis Alberto Torres Montoya, de 35 años, que fue asesinado fríamente junto a su hermano. Sus asesinos nunca fueron perseguidos, y mucho menos detenidos y juzgados: la policía ni siquiera se molestó en analizar las escenas del crimen...

La masacre de El Aro, 1997. Foto Jesús Abad Colorado.

Como si se tratara de una casualidad, la región de Ituango fue escenario de dos de las más sangrientas masacres de campesinos perpetradas por las AUC de Salvatore Mancuso durante el conflicto armado: La Granja (11 de junio de 1996) y El Aro (22 de octubre a 12 de noviembre de 1997), donde aún existen fuertes sospechas de que Álvaro Uribe, el entonces gobernador de Antioquia, proporcionó apoyo logístico. No fue hasta 2018 que la masacre de El Aro, en la que 17 personas fueron torturadas durante mucho tiempo antes de ser asesinadas, las casas del pueblo quemadas y 900 personas desplazadas a la fuerza, fue calificada oficialmente como "crimen contra la humanidad". La masacre duró más de diez días, sin que las autoridades intervinieran.

Casi 25 años después, una herida pertinaz se ha reabierto por las repetidas amenazas desde principios de este año: en la región de Ituango se registró en febrero un primer "desplazamiento forzado" de 500 personas. Las peticiones de ayuda de las comunidades campesinas y de las asociaciones de derechos humanos han sido desatendidas. Yesid Zapata denuncia sin tapujos la inacción del gobierno: "Que se repita demuestra la falta de voluntad del Gobierno nacional y departamental de tratar de brindar todas las garantías para que estas comunidades tengan el derecho a la tierra, a la vida.” Isabel Zuleta agrega que el fortalecimiento de los grupos ilegales está ligado a una "debilidad institucional" que no es casual: " Esa debilidad no es solo una omisión del Estado que tendría que garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos", porque “también existe una ausencia deliberada de la que se valen los grupos criminales, "con procesos de corrupción y alianzas con actores institucionales históricas. "

En un informe realizado por Sarah Nabli para Amnistía Internacional en noviembre de 2020, Marco Urbanos, ex guerrillero que ahora es líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria Común en Medellín, dijo: "Como en muchas zonas estratégicas, en cuanto nos fuimos, los paramilitares y las guerrillas rivales se trasladaron a los huecos, creando aún más inestabilidad que antes. El Estado no desempeñó su papel, no hubo suficiente presencia militar, ni servicios básicos como la sanidad, y otros grupos ocuparon fácilmente nuestro lugar".

En Itanguo, sin embargo, el desplazamiento masivo de 4.000 personas en los últimos días no ha pasado desapercibido. Ha suscitado varios artículos en la prensa colombiana, así como una reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por ello, el Ministro del Interior colombiano, Daniel Palacios, realizó un breve viaje a Ituango… para pedir a los desplazados que volvieran a sus casas, sin ninguna otra garantía. Pues sí: en el momento de su viaje, un tal "Machín", presentado como líder de una guerrilla disidente, fue oportunamente capturado. “No podemos permitir que cualquiera de estos cabecillas de disidencias de las Farc por supuestas disputas territoriales con el Clan del Golfo, tomen decisiones de actuaciones que afligen a una población campesina”, comentó el ministro. Una vez más, son los guerrilleros (o lo que queda de ellos) los que tienen la culpa. En cuanto a las "disputas territoriales" con los grupos paramilitares cuya responsabilidad ha quedado claramente establecida en las pasadas masacres de La Granja y El Aro, son "supuesta". La propia existencia de estos grupos paramilitares (ahora el Clan del Golfo) también es "supuesta". Contra toda evidencia. Esto ya no debería sorprender, dado el extraordinario cinismo del gobierno del presidente Iván Duque en todos los ámbitos, alentado en gran medida por el apoyo indefectible de Estados Unidos, Unión Europea y Francia.

Leer más:

Declaración del movimiento Ríos Vivos (3 de agosto) sobre el retorno de los desplazados de Ituango: "La mayoría de las chivas salieron en exceso del municipio de Ituango, en condiciones indignas; algunas quedaron varadas en las orillas del río, donde la carretera sigue en un estado lamentable. Para la población, el regreso al territorio ha sido sinónimo de tortura, por falta de garantías de su seguridad.

En Nariño, una gran crisis humanitaria

A unos 670 kilómetros de Ituango, el departamento de Nariño, que limita con el océano Pacífico al oeste y con Ecuador al sur, es el escenario de otro desplazamiento forzado aún más importante. “Hace casi cuatro meses inició el desplazamiento masivo más grande que se ha registrado en los últimos 20 años en la zona del Pacífico nariñense. Esta región, que reúne los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas, ha visto el recrudecimiento de la violencia en su territorio”, escribe María F. Firzgerald en la página web de la excelente revista Cerosenta: "las comunidades, principalmente campesinas, indígenas afro y awá, han abandonado el territorio por los constantes enfrentamientos, desapariciones y asesinatos en sus municipios. Han tenido que abandonar sus hogares y refugiarse en albergues muy superpoblados, lo que ha provocado diferentes tipos de enfermedades, además del riesgo constante de un contagio masivo de COVID-19". "La mayoría de la gente sólo hace dos comidas al día. La falta de espacio, de colchones y de mantas hace que muchos duerman a la intemperie durante la temporada de lluvias", confirma Alejandrina Camargo (leer AQUÍ), responsable de las actividades médicas de Médicos Sin Fronteras, que ha creado un puesto médico móvil.

"Las plantaciones de coca, que en ocasiones son destruidas por las fuerzas gubernamentales, atraen a un importante número de grupos armados a la región. La presencia de armas silencia a la mayoría de las personas que hablarían abiertamente del conflicto. Sin embargo, una persona me dijo que su hermano había sido asesinado recientemente en un puesto de control en el río. Otros habitantes se vieron obligados a huir a la selva y, cuando regresaron, sus casas habían sido saqueadas, sus cultivos destruidos y los cuerpos desmembrados enterrados por todo el pueblo", dijo Steve Hide, jefe de misión de MSF en Colombia. El principal grupo paramilitar de la zona es el Frente Oliver Sinisterra, vinculado al narcotráfico en la frontera con Ecuador, que se hace pasar por una guerrilla disidente de las FARC.

Las asociaciones presentes en el lugar y las organizaciones que representan a la comunidad awá han alertado en varias ocasiones, en vano. El 3 de agosto, una nueva masacre mató a seis personas, entre ellas una mujer embarazada, en Tumaco, en el resguardo indígena de Nariño. Unos días antes, el 29 de julio, un grupo de abogados había alertado al Defensor del Pueblo y al Fiscal Nacional de una amenaza inminente (ver AQUÍ), sin que el gobierno de Iván Duque reaccionara, más preocupado por detener a los jóvenes manifestantes de la Primera Línea, especialmente en Cali y Bogotá, fabricando pruebas falsas en su contra.

La situación en torno a Roberto Payán, en Nariño, se califica ahora de "gran crisis humanitaria". Sin embargo, aparte de algunas ONG como Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja, la comunidad internacional está ausente. Incluso la prensa colombiana guarda casi silencio sobre el tema. "A pesar de las dimensiones del problema, la zona parece estar sumergida bajo un trato estricto de silencio: los grupos causantes de los desplazamientos parecen haber instaurado una estrategia que acalla todas las denuncias y acaba con los liderazgos", escribe Maria F. Fitzegerald en Cerosetenta. En la misma región, tres periodistas del diario ecuatoriano El Comercio fueron asesinados en abril de 2018 tras ser secuestrados durante quince días...

Pero puede que el miedo no sea la única razón de este extraño silencio. Según Kyle Johnson, cofundador la Fundación Conflict Responses (CORE), entrevistado por Maria F. Fitzegerald, es importante tener en cuenta que “los desplazados de Roberto Payán son gente negra. Ese es otro factor a tener en cuenta. Al país históricamente no le ha interesado tanto lo que le pasa a los pueblos negros. (...) La falta de presencia y de interés del Estado es particularmente extrema en el Pacífico Nariñense, más de lo que yo he visto en casi ninguna otra parte del país. Es la negligencia de todo un país. Aquí es como si no existiera la comunidad de Roberto Payán."

Tanto en sus declaraciones oficiales como en sus tuits, el presidente Iván Duque se resiste a hablar de "desplazamiento forzado". El 27 de julio, casi una semana después del inicio de la crisis humanitaria en Itanguo, se refirió en una declaración a "una situación" en la que se combinan "los desastres naturales y la presión de ciertos grupos armados". Diez días antes, el 15 de julio, el presidente colombiano visitó Itanguo, pero no para reunirse con las personas que ya estaban amenazadas, y mucho menos con las asociaciones que las representan. Si vino a Itanguo, fue sólo para felicitarse por el progreso del proyecto Hidroituango (ver vídeo AQUÍ).

Carretera de cuatro carriles entre Calzada y Barranquilla.

A falta de un año para el final de su mandato presidencial, Iván Duque está haciendo todo lo posible para anunciar la construcción de todo tipo de infraestructuras, principalmente carreteras. El 29 de julio, durante una visita al departamento de Bolívar, prometió una inversión de 12.690 millones de pesos para ampliar a cuatro carriles algunos tramos de carretera, además de 8.000 millones de pesos para el desarrollo de dos aeropuertos, con el fin de "mejorar la conectividad de la región del Caribe" y promover el turismo. Pero sin duda también para facilitar el acceso a los yacimientos de hidrocarburos, para los que el gobierno colombiano acaba de conceder nuevos permisos de exploración y explotación en alta mar a las empresas Ecopetrol y Shell. Volveremos sobre este tema, para el que el Estado va a gastar 1.400 millones de pesos. El pueblo no está olvidado: unos programas para paliar la pobreza de los hogares más vulnerables contarán con 1.290 millones de pesos, es decir el 10% del importe destinado a infraestructuras viarias.

El escenario es el mismo en Nariño. En octubre de 2020, Iván Duque visitó el departamento para anunciar las obras de modernización del aeropuerto de Chachagüí, que sirve a la ciudad de Pasto (450.000 habitantes), con un coste de 62.000 millones de pesos. Y 307.000 millones de pesos se dedicarán al desarrollo de la carretera Pasto-Rumichaca, de 80 kilómetros, hacia la frontera con Ecuador.

Mientras tanto, el Estado pagará a la ciudad de Pasto 3.000 millones de pesos por ayudas a la vivienda que afectarán a... 300 hogares. Una gota de agua comparada con las consecuencias humanas, sanitarias y económicas de los desplazamientos forzados que siguen sumiendo a miles de colombianos en el desamparo y la miseria cada año. Iván Duque finge no ver este país real, y acusa de "populismo" y "demagogia" a quienes se atreven a criticar la inacción del Estado y sus graves carencias en materia de protección de los derechos humanos, como hizo el 7 de agosto, en el aniversario de su llegada a la Presidencia. "¿De qué tipo de Colombia está hablando el presidente?", pregunta Sergio Saavedra, de la Fundación Paz y Reconciliación. Mientras se acababan de cometer dos nuevas masacres de civiles, una de ellas en el departamento de Bolívar, Iván Duque ignoró por completo el tema durante su discurso ante el Congreso el 20 de julio. "Bajo su gobierno han sido asesinados más de 200 líderes sociales y 219 ex guerrilleros desde la firma del acuerdo de paz. ¿Y ni una sola palabra sobre cómo protegerá a los que están en peligro en los territorios?", reaccionó el senador de la oposición Iván Cepeda.

Desplazamiento forzado,

¿una versión cínica del "derecho a la movilidad"?

Pero en realidad... En pleno Paro nacional, que durante tres meses se saldó con más de 80 muertos y numerosas víctimas por parte de la policía, Iván Duque no dejó de llamar a los manifestantes vándalos y terroristas. Y prácticamente ha justificado los numerosos actos de violencia policial que se han utilizado contra el movimiento social por... la protección de los derechos humanos. Pero no, ¡no están soñando! Explicación: para el presidente colombiano y la camarilla de uribistas que lo rodean, el "derecho a la movilidad" es sagrado (incluso más que el derecho a la salud y a la educación, pensó la senadora María Fernanda Cabal). Y los cortes de carretera realizados durante el paro nacional, en la medida en que impedían el derecho a la movilidad, constituían por tanto una grave violación de los derechos humanos...

Llevemos el cinismo un poco más lejos. De hecho, los grupos paramilitares que obligan a huir a decenas de miles de campesinos e indígenas colombianos, ofreciendo así sus territorios a la voracidad del narcotráfico, de los terratenientes y de las industrias mineras, son en realidad grandes apóstoles de los derechos humanos. Con estos desplazamientos forzados, están dando a estas pobres personas el derecho esencial a la movilidad, ¡que probablemente no se habrían atrevido a tomar para sí mismos!

Jean-Marc Adolphe, 8 de agosto de 2021.