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El régimen de Duque avanza hacia la conmoción fascista, aunque sea masacrando a su propio pueblo, mientras mantiene a raya a los periodistas y a las organizaciones de derechos humanos. Se revelan los primeros casos de fosas comunes cerca de Cali. Pero el pueblo colombiano sigue en pie.
COLOMBIA, de nuestro corresponsal especial. El anuncio parece poco creíble: después de casi un mes de paro nacional, provocado por el anuncio de una reforma tributaria que empeoraría la situación de la mayoría de una población ya desangrada, después de un mes de manifestaciones en todo el país para pedir más justicia social, ayer llegó la asombrosa noticia. El bajo subsidio mensual de solidaridad que se paga a los más pobres en medio de la crisis sanitaria - 160.000 pesos por hogar, o 40 euros, apenas suficiente para comer una semana - no se prolongará más allá de junio. La razón que se aduce es que las arcas del Estado no pueden seguir financiando semejante dádiva. Teniendo en cuenta las sumas astronómicas que se gastan para equipar al ESMAD (policía antidisturbios) con armas letales como el Venom (leer aqui), entendemos a dónde va el dinero.
¿A qué juega el presidente Duque, que según una reciente encuesta tiene un 76% de opiniones desfavorables? Sólo hay una explicación posible: echar un poco más de aceite al fuego, provocar nuevos disturbios en el país para declarar el "estado de conmoción", que podría darle plenos poderes . Según varios comentaristas, este "estado de conmoción" conduciría casi con seguridad a una guerra civil. ¿No es esto precisamente lo que busca el presidente colombiano?
Algunos signos son especialmente preocupantes. Mientras Duque sigue negando la entrada a Colombia a una comisión de investigación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ayer Juan Grabois, miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, fue rechazado como parte de una delegación de observadores de Argentina para documentar la crisis de derechos humanos. Fue rechazado por "agresión y posible peligro para el país". (https://www.pagina12.com.ar/343839-el-gobierno-de-colombia-expulso-a-juan-grabois)
En este vídeo (https://www.facebook.com/HumanaRadioColombia/videos/148024644010405), vemos cómo la policía trata a algunos representantes oficiales de asociaciones de derechos humanos. Estos representantes también fueron expulsados de una "marcha silenciosa" organizada en Cali por los partidarios del régimen de Uribe (ver vídeo: https://www.facebook.com/HumanaRadioColombia/videos/148024644010405).
¿Qué más hay que ocultar, además de lo que transmiten las redes sociales? Según teleSUR, dos cuerpos fueron encontrados en el municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, correspondientes a jóvenes de la "primera línea" que participaban en el Paro Nacional en el barrio Siloé de Cali. Un informe del equipo jurídico y humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, destaca que en Cali los manifestantes desaparecen y luego son encontrados en municipios vecinos. En declaraciones a teleSUR, el amigo de una de las víctimas encontradas en la carretera Cali-Palmira, Carlos Sierra, aseguró que el joven "fue asesinado por el Estado". (....) Carlos, como todos los jóvenes que salieron en las manifestaciones, no pudo continuar sus estudios por las pocas oportunidades que tenemos en Colombia. Fue una persona que luchó hasta su último momento y trató de traer el cambio al país". Las organizaciones de derechos humanos afirman que desde el 2 de mayo han recibido información de que el centro administrativo municipal de Cali está siendo utilizado como espacio secreto para operaciones de la fuerza pública. El documento señala que algunos de los jóvenes caleños reportados como desaparecidos fueron ejecutados en los municipios de Guacarí y Buga (ubicados a menos de 40 minutos de Cali), "algunos de los sobrevivientes de las ejecuciones fueron encontrados con heridas de bala en centros médicos y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos", agregan. La investigación de las organizaciones de derechos humanos también advierte de la existencia de lugares utilizados como fosas comunes. "Desde el 14 de mayo se han reportado posibles fosas comunes en zonas rurales de los municipios de Buga y Yumbo, a donde aparentemente se llevan los cuerpos de muchos jóvenes de Cali", agregan.
Uno de los jóvenes desaparecidos es un estudiante de comunicación digital de 21 años: desde el viernes por la noche, no ha dado ninguna noticia a su familia. Basta con ver su cara: evidentemente uno de esos peligrosos "vándalos" y "terroristas" denunciados por el presidente Duque. Por no hablar de los narcotraficantes, que están detrás de todo esto. Es extraño, porque los narcotraficantes son... precisamente los partidarios de Uribe de Duque...
El lunes, el famoso periodista Gonzalo Guillén informó de la caída de una avioneta en Providencia con un cargamento de 440 kilos de cocaína, ocultos bajo unas cajas de mascarillas anti-Covid. Según el sitio web Pluridad, el avión pertenecía a dos conocidos uribistas. La avioneta, N722HR, que transportaba los 440 kilos de droga, pertenecía a la empresa Interandes Helicopters S.A.S., cuyo capital está dividido a partes iguales entre Miguel Jaramillo Arango y Fernando Alfonso Escovar Lagebeck, ambos considerados uribistas. Esta empresa, Interandes Helicopters S.A.S., identificada con el NIT 900.577.649, tiene al parecer un búnker en el aeropuerto de Guaymaral, un aeródromo de la ciudad de Bogotá.
Lo paradójico es que la policía antinarcóticos se encuentra frente a este aeropuerto, muy cerca del búnker de la empresa cuyo avión transportaba cientos de kilos de drogas ilícitas.
Según Gonzalo Guillén, Miguel Jaramillo Arango, accionista de la empresa y uno de los propietarios del avión, es hermano de Luis G. Jaramillo, quien fue director de la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, durante los periodos presidenciales del ex senador Álvaro Uribe Vélez. También es el actual presidente de la Asociación Colombiana de Aviación Civil General, AOPA Colombia.
Cuanto más grande sea la historia, mejor: la esposa de Miguel Jaramillo Arango, Alejandra Azcárate, dijo a la prensa que el avión no era de su marido, sino de un amigo que se lo había prestado para llevar... ¡ayuda humanitaria! Sin embargo, la agencia de investigación periodística API dijo que el avión estaba registrado a nombre del esposo de Miguel Jaramillo Arango.
En resumen, en Colombia hay hoy dos tipos de "primera línea": los jóvenes que luchan con sus propias manos por más justicia social
y la "primera línea" (de cocaina) de los narcotraficantes que están detrás de Uribe y Duque.
La última noticia de ayer, no menos inquietante, fue el incendio del Palacio de justicia de Tuluá. También en este caso, el gobierno atribuye este incendio a "vándalos". Pero este incendio nos recuerda otro suceso infame: la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, que acabó en un baño de sangre (casi 100 muertos). Hoy sabemos que el cártel de Medellín participó activamente en esta operación. Según un antiguo socio de Pablo Escobar, el cártel pagó 2 millones de dólares para ayudar a financiar la operación. El cártel habría destruido documentos judiciales e impedido la extradición de los traficantes. (Fuente: Wikipedia)
Duque, y detrás de él Uribe, no se detendrán ante nada para mantener mediante el terror los privilegios del clan corrupto que los hizo elegir. Detrás de su escaparate (cada vez menos) "democrático", Colombia sigue siendo un sistema feudal.
Duque se sabe la música de la represión en la punta de los dedos (que uno imagina manicurados a la perfección). Pero el pueblo conoce otra canción. "El pueblo unido jamas sera vencido. Así es la juventud colombiana que viene, como podemos ver aquí:
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