COLOMBIA. Karen Garay, de 26 años, última víctima de la guerra de las tierras.

Familiares de civiles asesinados por miembros del ejército colombiano y presentados

como guerrilleros buscan justicia en Bogotá en 2014. Foto Luis Acosta/AFP.

Entre 1980 y 2010, más de 6 millones de hectáreas fueron robadas de tierras, mediante el crimen o la amenaza, a los campesinos y/o comunidades indígenas colombianas. Un expolio en el que el Grupo Casino / Éxito (y otras empresas francesas) son necesariamente cómplices. El proceso de restitución de tierras, incluido en los acuerdos de paz de 2016, solo afecta por el momento al 0,55% de las tierras confiscadas. Esto sigue siendo demasiado para el régimen narcocriminal de Uribe y Duque, apoyado por la Francia de Macron. Karen Garay tenía la cara de un ángel, y una pasión: la defensa del medio ambiente. Ya fue suficiente para algunos, fue asesinada el 25 de mayo. Con la complicidad del gobierno francés y del Grupo Casino / Exito (entre otros)

Continúa la investigación sobre las implicaciones ilegales, ecocidas y criminales del Grupo Casino / Exito (Leer AQUÍ), y de otras empresas francesas.

Mientras tanto...

Karen Zulay Garay Soto, de 25 años, y Jhon Steven Cogua Luna, de 22, son las últimas víctimas de la "guerra sucia" en Colombia. ¿Eran estos jóvenes guerrilleros peligrosos, o "vándalos" de la Primera Línea? No. Estos dos jóvenes, a los que se les quitó la vida, eran dedicados funcionarios de la Unitad de Restitución de Tierras, un organismo gubernamental creado en el marco de los acuerdos de paz, que trabaja por la restitución de las tierras que fueron arrebatadas a los campesinos y a las comunidades indígenas durante las décadas de "conflicto armado" (que, desde los años sesenta, ha dejado más de 200.000 muertos y casi 6 millones de desplazados), en su mayoría en beneficio de las multinacionales (como Casino / Exito). Los grupos paramilitares, pagados y armados por estas multinacionales, se encargaron del trabajo sucio. Los campesinos recalcitrantes, o los líderes sociales y ecologistas que se opusieron con demasiada fuerza, fueron rápidamente liquidados, y entonces fueron etiquetados como "guerrilleros-terroristas". Los soldados responsables de estas ejecuciones sumarias fueron entrenados en los mismos batallones de "élite" de los que procedían los mercenarios colombianos que supuestamente participaron en el asesinato del presidente haitiano. En Colombia, estos delitos encubiertos se denominan "falsos positivos".

Para la justicia, estos asesinatos (cometidos bajo la era de Álvaro Uribe entre 2002 y 2008, cuando José Manuel Santos, posteriormente elegido Presidente de la República y luego designado Premio Nobel de la Paz, era entonces Ministro de Defensa) han causado un mínimo de 6.400 muertos. En 2018, un ex coronel de la policía informó de 10.000 ejecuciones de civiles. A pesar de un informe condenatorio de la ONU en 2010, los autores de estos crímenes siguen gozando de una impunidad casi total.

Como informa Lluís Muñoz Pandiella en un excelente artículo para France24, hace unos días, el 6 de julio, la Justicia Especial para la Paz (JEP) hizo pública la orden en la que se acusa a 10 militares y un civil de al menos 120 ejecuciones extrajudiciales en la subregión del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Este es sólo el segundo auto de procesamiento dictado por este tribunal, después del dictado contra los antiguos comandantes de la guerrilla de las FARC.

El general Mario Montaya, sospechoso de estar implicado en más de 2.000 asesinatos de civiles

(los "falsos positivos"), fue condecorado por Álvaro Uribe,

que lo nombró embajador de Colombia en la República Dominicana.

Al menos uno de los exmilitares implicados en el asesinato del presidente colombiano acaba de ser identificado como Francisco Eladio Uribe Ochoa, implicado en al menos un caso de ejecución extrajudicial. El 9 de octubre de 2018, un juez de Medellín había anulado la orden de detención en su contra. Pero a Francisco Eladio Uribe Ochoa se le prohibió teóricamente salir del territorio colombiano. Sin embargo, pudo llegar a Haití sin obstáculos, pasando por la República Dominicana, la misma República Dominicana en la que el general Mario Montoya, antiguo comandante del ejército bajo el mandato de Uribe, fue nombrado embajador de Colombia por Álvaro Uribe, por "buenos y leales servicios". Fue citado más de 40 veces en los testimonios y acusaciones recogidos por el Tribunal de Paz. Según Las Dos Orillas, es el más importante de los cinco generales de alto rango implicados en el escándalo de los "falsos positivos". También fue acusado de haber recibido 1.500 millones de pesos del grupo paramilitar Bloque Centauros, que entonces operaba en las regiones del Meta y Casanare...

Karen Zulay Garay Soto, Jhon Steven Cogua Luna, Yadmil y Sandra Milena Cortés, ejecutados tras desaparecer el 25 de mayo durante una misión de la Unión para la Restitución de Tierras.

Karen Zulay Garay Soto, de 26 años, era licenciada en cartografía por la Universidad de Cundinamarca. Apasionada de la protección del medio ambiente, trabajaba en la región del Meta desde febrero de 2020 como funcionaria de la Unitad de Restitución de Tierras. "En gran medida, su trabajo devolvió la sonrisa a muchos campesinos", escribe Prensa libre, un periódico de la región de Casanare. Cuando "desapareció" el 25 de mayo, iba acompañada de un joven conductor, Jhon Steven Cogua Luna. Juntos iban a visitar a las hermanas Yadmil y Sandra Milena Cortés, campesinas que buscaban la devolución de una propiedad que les habían robado tras el asesinato de su padre hace 20 años.

Los cuatro cuerpos fueron encontrados en una fosa común cerca del pueblo de San Isidro, en el municipio de Mesetas, al sur del Meta. (Leer en el sitio web de Bluradio)

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en 2011 y que expiraba el pasado mes de junio, se ha prorrogado 10 años. Según las cifras establecidas en 2010 por la Comisión de Seguimiento a las Políticas Públicas de "Desplazamiento Forzado", encabezada por el economista Luis Jorge Garay, entre 1980 y 2010 se robaron 6,65 millones de hectáreas a los campesinos colombianos, asesinados u obligados a huir bajo la amenaza de los grupos armados, ¡que han acaparado así el 12% de las tierras agrícolas en Colombia! (Leer AQUÍ).

Es gracias a este expolio a gran escala que unas multinacionales, como el Grupo Casino / Exito, han podido obtener jugosos beneficios. En el seno del Grupo Casino, el comité de gobernanza "examina en particular, en relación con la estrategia del Grupo, los compromisos y las políticas del Grupo en materia de ética y responsabilidad social, medioambiental y empresarial, la aplicación de estas políticas y sus resultados". Nos reímos, cuando se trata de la ética. ¿Quizás el "comité de gobernanza" del Casino no sabe nada de las tierras robadas en Colombia? Veamos: el comité de gobierno del Grupo Casino está presidido por Thierry Billot, diplomado de la Escuela Superior de Comercio de París, director general adjunto de la firma francesa Pernod Ricard, firma que también está presente en Colombia, donde acaba de tomar el control de La Hechicera, marca de ron colombiano ultrapremium (¿En qué condiciones, por qué, cómo? Las revelaciones vendrán en unos días). A finales de 2004, un tribunal de Nueva York recibió una denuncia del Estado colombiano: se sospechaba que Pernod-Ricard había introducido sus licores en Colombia con dinero procedente del tráfico de cocaína (leer AQUÍ y AQUÍ). En este oscuro caso, sin embargo, el tribunal de Nueva York desestimó el caso en noviembre de 2012. La comarca de Cundimarca presentó una denuncia similar, por los mismos motivos, en noviembre de 2017. Para continuar...

"Alimentar un mundo de diversidad", dice el anuncio del Casino. ¡Qué risa (bis)! Hubiera sido mejor decir: "hacer morir un mundo de diversidad", pero claro, no es tan buen argumento de venta...

En Colombia, en agosto de 2020, casi diez años después de la Ley de Restitución de Tierras, de los 6,65 millones de hectáreas afectadas, sólo... 362.755 hectáreas habían sido devueltas a 10.430 personas o grupos de personas que lo habían solicitado. En otras palabras, ¡la justicia colombiana se mueve lentamente en este ámbito! Hasta la fecha, según varias ONG (Fundación Forjando Futuros, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Instituto Popular de Capacitación), se están tramitando al menos 25.000 solicitudes de restitución de campesinos y comunidades indígenas.

Pero lo poco que se ha devuelto ya es demasiado para el clan Uribe. El expresidente de la República ha hecho todo lo posible para impedir esta ley, y más allá de eso, obstaculizar la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016. Y la senadora ultraderechista María Fernanda Cabal, uribista al 800% y esposa del poderoso líder de la Federación Nacional de Ganaderos (que tenía como ayudante a uno de los ideólogos del paramilitarismo, condenado a 26 años de cárcel por ordenar la ejecución del periodista y abogado "perturbador" Jaime Garzon), intentó aprobar en el Senado un proyecto de ley para acabar con la restitución de tierras...

Afortunadamente, el intento fracasó, pero cuando no tienes la ley de tu lado, y tienes los medios, sigues teniendo sicarios. No estoy diciendo aquí que la señora Cabal haya ordenado personalmente el asesinato de Karen Zulay Garay Soto, pero el sistema que defiende con uñas y dientes (perfectamente manicurado, hablo de las uñas, no de las dientes), sí.

Karen Zulay Garay Soto y sus acompañantes fueron asesinados en la región del Meta, cuya representante del Centro Democratico en el Congreso, Jennifer Arias, hija a su vez de un destacado ganadero (condenado por asesinato hace unos años), es ahora más que sospechosa de tener estrechos vínculos con el narcotráfico y los grupos paramilitares. A pesar de ello, se espera que sea nombrada presidenta del Congreso el 20 de julio.

El régimen narcocriminal de Álvaro Uribe e Iván Duque, apoyado política y militarmente por la Francia de Emmanuel Macron en nombre de la lucha contra el narcotráfico (¡es bastante cómico!) tiene una estrategia probada desde hace años. En cuanto hay una sospecha, es para culpar a los guerrilleros revolucionarios.

Al mismo tiempo que se revelaba el hallazgo de los cuerpos de Karen Zulay Garay Soto, Jhon Steven Cogua Luna y las hermanas Cortés, el presidente Duque enviaba dos twees en los que se congratulaba de la detención de dos guerrilleros disidentes de las FARC, responsables del asesinato de un líder ambiental, Javier Francisco Parra Cubillos, el pasado mes de diciembre. La misión de Javier Francisco Parra Cubillos era proteger los ecosistemas de la Sierra de la Macarena, un lugar muy turístico en el centro del país. Obviamente, esto fue suficiente para perturbar la industria minera. Por ello, su asesinato se atribuye hoy a los guerrilleros de una rama disidente de las FARC, el "GAOr 7 Jorge Briceño". Según varios contactos colombianos especializados en la historia de las FARC, consultados por la Unidad de Investigación de les humanites, este "GAOr 7 Jorge Briceño" no existe. O, más exactamente, es un "nombre falso" (Jorge Briceño era un combatiente de las FARC abatido el 23 de septiembre de 2010 por el ejército colombiano que había conseguido que llevara botas equipadas con GPS, ¡verdad!). Las verdaderas identidades de los dos "sospechosos" detenidos no han sido reveladas por el momento. El presidente Duque sólo ha mencionado sus seudónimos: "Milton" y "Negro Mina". En Colombia, "Negro Mina" es el nombre de un personaje de ficción. Qué risa.

Pero Karen Zulay Garay Soto y sus tres acompañantes fueron asesinados, eso es seguro.

Jean-Marc Adolphe, 13 de julio, 2021.